Las relaciones de convivencia en los centros escolares afectan y preocupan a toda la sociedad. Se trata de procesos que inciden en el ámbito educativo, pero también en aspectos fundamentales de nuestra propia convivencia democrática. Sus causas son complejas, y no se encuentran sólo en los ámbitos educativos, sino que también subyacen en la compleja realidad social en que estamos inmersos: en carencias afectivas, en situaciones familiares complejas, en determinados contextos socioeconómicos y culturales, en ciertos mensajes y contravalores que a veces recogen los medios de comunicación, o que se difunden a través de productos audiovisuales que habitualmente consumen los más jóvenes.
Para reforzar, por tanto, las buenas relaciones de convivencia entre los escolares de nuestra Región, y educarlos en la solución dialogada y pacífica de los conflictos, es necesaria la participación de toda la sociedad. Es preciso, asimismo, señalar la responsabilidad principal que deben asumir las familias en los procesos educativos, y especialmente en la transmisión de pautas de comportamiento y de valores que ayuden a establecer relaciones de convivencia pacíficas entre los más jóvenes, como alumnos y como ciudadanos. Por ello, tanto el Presidente de Castilla-La Mancha como los Grupos Parlamentarios, por unanimidad, han propuesto a la sociedad castellano-manchega que establezca un Acuerdo por
En su resolución de 27 de abril de 2006, las propias Cortes de Castilla-La Mancha asumen su compromiso en el trabajo colectivo de toda la sociedad castellano-manchega para lograr una convivencia escolar más pacífica, tolerante y democrática. A su vez, el Gobierno Regional ha establecido los contactos necesarios con todos los sectores educativos y sociales implicados, así como con aquellos grupos e instituciones que han decidido sumarse, para alcanzar un Acuerdo por
1. La elaboración de Planes de Convivencia en todos los centros, como uno de los elementos fundamentales de sus Proyectos Educativos, con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa y teniendo en cuenta las características de los distintos entornos sociales y culturales. Las Comisiones de convivencia, generalizadas en el seno de los Consejos Escolares, deben impulsar el desarrollo y la aplicación de estos Planes.
2. La creación de un Observatorio Regional de Convivencia Escolar, para analizar el fenómeno de la violencia escolar, elaborar nuevas propuestas y realizar el seguimiento de todas las medidas que desde
3. La elaboración en cada centro escolar de
4. La elección por el Consejo Escolar del centro de un miembro adulto de la comunidad educativa que ejerza las funciones de mediación y arbitraje en los procesos más importantes de conflictividad que surjan entre los miembros de su comunidad educativa, ofreciendo medidas alternativas a la vía judicial o a los procesos meramente sancionadores. Todos los miembros de la comunidad educativa deben asumir su compromiso de reconocimiento y respeto a las decisiones de mediación y arbitraje que adopte quien sea elegido para tal fin, y sin que ello suponga menoscabo de las acciones judiciales o administrativas reconocidas en las leyes y en la normativa básica en materia de educación.
5. El impulso en todos los centros de las actuaciones de los equipos de mediación, y el fomento de la mediación escolar como principio educativo.
6. La mejora de la formación inicial del profesorado, incorporando los contenidos orientados a la prevención de la conflictividad y a la práctica de la convivencia y la mediación escolar.
7. La incorporación a la oferta de formación permanente de los profesores de los aspectos relacionados con la convivencia en las aulas.
8. El impulso de los proyectos de Ciudades Educadoras, estrechando las relaciones entre Ayuntamientos, familias y Administración, con el fin de fomentar y desarrollar actividades orientadas a la prevención de los problemas de convivencia que se puedan producir dentro o fuera del aula.
9. El incremento de la presencia en los medios de comunicación de programas formativos y no violentos, en particular durante los horarios en que los niños y jóvenes puedan acceder a ellos.
10. La elaboración y divulgación en los medios de comunicación de campañas que refuercen la función de los maestros y profesores, la educación en valores y la implicación de las familias en los procesos educativos de sus hijos.
11. El impulso del trabajo a favor de la coeducación en los centros escolares, articulando los medios necesarios para superar aquellos conflictos que tienen su origen en las desigualdades de género.
12. El desarrollo de planes de formación para las familias relacionadas con la convivencia, la solución pacífica de lo s conflictos y la mediación.
13. La organización de talleres y cursos para formar a los alumnos en los procesos de mediación y solución pacífica de conflictos, para que así puedan asumir de una forma más eficaz el protagonismo que les corresponde en estos procesos.
14. El establecimiento de compromisos entre las familias y los centros en los que se consignen actividades que las familias se comprometen a desarrollar para mejorar tanto los procesos educativos de carácter general como los relacionados con la convivencia de sus hijos.
15. El compromiso por parte de cada uno de los sectores educativos, políticos, sociales, sindicales y demás instituciones y grupos firmantes del presente Acuerdo para llevar a cabo las acciones e iniciativas que, cada uno en su ámbito de actuación, les corresponden, así como para su seguimiento y control.
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